Los defraudadores no solo roban dinero: nos roban el futuro
Hace poco leí un artículo sobre fraude fiscal y el uso de empresas pantalla. Más allá de los datos y las cifras, lo que realmente me indignó fue comprobar cómo este fenómeno refleja un sistema debilitado: sin suficientes recursos, sin el personal necesario para investigarlo a fondo y, lo más grave, sin una voluntad política firme para enfrentarlo. De esa lectura nace esta reflexión: vivimos en un sistema que se deshace por los bordes, y nadie parece querer mirar allí.
Una empresa pantalla es una ficción legal. No tiene empleados, ni oficinas, ni actividad económica real. Existe únicamente para ocultar activos, eludir impuestos y esconder a los verdaderos propietarios. En España, según diversos informes, hay más de 122.000 sociedades con este perfil. Funcionan como muñecas rusas: una empresa dentro de otra, hasta perderse en algún paraíso fiscal.
Un ejemplo común: un chalet de lujo en la Costa del Sol puede estar registrado a nombre de una firma en las Islas Vírgenes Británicas. Y, legalmente, es como si nadie supiera quién lo posee realmente.
Cada euro que se evade es un euro menos para hospitales, escuelas o infraestructuras. Pero el daño no es solo económico. El fraude fiscal alimenta la desigualdad. Mientras la clase trabajadora y los autónomos tributan sin escapatoria, otros esquivan el sistema gracias a estructuras profesionales creadas para ocultar patrimonio.
El Registro de Titularidades Reales fue un paso adelante. Se diseñó para sacar a la luz a los verdaderos propietarios de estas sociedades. Sin embargo, su impacto ha sido limitado: miles de empresas siguen sin declarar la titularidad real, y las inspecciones fiscales no dan abasto. En algunos casos, los datos se actualizan con años de retraso.
Paraísos fiscales: legalidad a medida
Gibraltar, Panamá, Andorra… No son solo lugares exóticos. Son auténticas plataformas de invisibilidad jurídica, desde donde se mueven capitales, se adquieren propiedades y se controlan empresas españolas sin apenas rastro. En algunos despachos fiscales, este tipo de ingeniería está tan normalizada como lo está para un contable calcular un IVA trimestral.
Las leyes nacionales no bastan. Se necesita cooperación internacional, más inspectores, más medios tecnológicos, y sobre todo, voluntad política sin fisuras. Pero dentro del propio Estado también hay resistencias: notarios, registros mercantiles e incluso sectores de Hacienda no siempre reman en la misma dirección.
El patrón que se repite
El fraude fiscal no es nuevo. Cambian los métodos, pero el patrón es siempre el mismo: quienes más tienen, encuentran la forma de aportar menos. Y eso debería escandalizarnos. Porque cuando el sistema se rompe por los márgenes, se rompe para todos.
Lo peor es que muchas veces no se repara… para no molestar a quienes lo doblan desde dentro. Esta pasividad no es solo técnica: es política, institucional y, en cierto modo, cultural.
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