FRAUDE FISCAL. SOCIEDADES PANTALLAS
Los defraudadores roban más que dinero: roban el futuro de todos
Leí un artículo el otro día sobre fraude fiscal, específicamente acerca de las empresas pantalla y cómo se utilizan para evadir impuestos. Me pareció penoso, sobre todo porque no parece haber suficientes recursos ni personas dedicadas a detectar estas prácticas. El artículo explicaba en detalle cómo funcionan estas estructuras y el impacto que tienen, y decidí incluirlo al final de este texto como referencia.
Dicen que el fraude fiscal es un problema persistente y complejo, especialmente en lo que respecta al uso de empresas pantalla, estructuras utilizadas para ocultar bienes y eludir obligaciones tributarias. En España, existen más de 122.000 de estas sociedades. Aunque muchas no realizan actividades económicas visibles, su existencia plantea preguntas inquietantes sobre quiénes están detrás y con qué fines operan.
El concepto de empresas pantalla, al parecer, se asemeja a un juego de espejos: nada es lo que parece. Un ejemplo común involucra a un ciudadano extranjero que controla una empresa española a través de una red de sociedades interpuestas, algunas de las cuales se encuentran en paraísos fiscales. Estas estructuras, comparables a una matrioska, encierran capas de anonimato que dificultan rastrear su verdadero propósito. Estas empresas suelen carecer de locales, productos o servicios, y su función principal es ocultar activos, que van desde dinero hasta propiedades de alto valor en zonas como la Costa del Sol.
El Registro de Titularidades Reales, creado por el Estado, se presenta como una herramienta clave para identificar a los verdaderos propietarios de estas sociedades. Aunque permite ahorrar tiempo en investigaciones fiscales, no está exento de limitaciones. Algunos propietarios omiten declarar su titularidad real, y estas omisiones a menudo pasan desapercibidas hasta que es demasiado tarde. Los defraudadores, al igual que los delincuentes, siempre encuentran maneras de burlar los sistemas establecidos.
La sofisticación de estos esquemas puede ser abrumadora. El recorrido de una transacción puede empezar en España, pasar por Luxemburgo, continuar en Gibraltar y terminar en las Islas Vírgenes. Cada paso disuelve aún más el rastro, cumpliendo con el propósito de evadir la fiscalización.
Los paraísos fiscales como Gibraltar, Panamá y Andorra son bien conocidos por facilitar estas prácticas. Desde estas jurisdicciones, empresas adquieren propiedades y negocios en España, mientras sus verdaderos propietarios permanecen en el anonimato. Esta opacidad tiene un impacto significativo en la sociedad, ya que cada euro evadido es un euro que no llega a los hospitales, escuelas o infraestructuras públicas. Además, refleja una desigualdad profunda: mientras los más adinerados esquivan impuestos, la carga recae desproporcionadamente en quienes tienen menos recursos.
A pesar de los esfuerzos legislativos para combatir estas prácticas, la lucha se asemeja a un interminable juego del gato y el ratón. Las herramientas disponibles, como el Registro de Titularidades Reales, son útiles, pero insuficientes sin una cooperación internacional efectiva y una voluntad política firme. Los conflictos internos entre entidades, como notarios y registradores, complican aún más la implementación de soluciones coherentes y unificadas.
Cerrar los paraísos fiscales es un objetivo ambicioso, pero existen formas de presionar a estos territorios, como limitar el reconocimiento y las operaciones de las empresas provenientes de estas jurisdicciones. Sin embargo, cualquier avance requiere no solo leyes más estrictas y acuerdos internacionales, sino también una transformación cultural que priorice la transparencia y la justicia fiscal.
Comentarios
Publicar un comentario